Para situarnos, por si aún no lo sabes o no lo tienes muy claro, el derecho al olvido es un derecho que tiene cualquier individuo a exigir que se borre, bloquee o se elimine cualquier información que se pueda considerar obsoleta o que de alguna manera afecte el libre desarrollo de sus derechos fundamentales.
Anteriormente, esto era más fácil de hacer ya que los datos en cuestión se encontraban en diarios o revistas publicadas en papel o habían aparecido en algún momento en radio y/o televisión. Además de que la memoria humana ayudaba a esto por su limitación. Esto no es nada nuevo puesto que ya existen precedentes en muchos países sobre todo en el área de los informes crediticios, lista de morosos, etc.
Sin embargo, los avances tecnológicos así como el fácil acceso a Internet han venido a cambiar todo el panorama. Ahora, gracias a los motores de búsqueda, se puede localizar cualquier dato en segundos y con una relativa extrema facilidad logrando con esto la permanencia y acceso a los datos sobre cualquier persona.
El caso emblemático sin duda es la disputa del ciudadano español, Mario Costeja, en contra de Google. Costeja exigía que Google dejara de indexar un antiguo anuncio sobre una subasta de bienes embargados por una deuda con la seguridad social. El anuncio había sido publicado hacía más de 15 años atrás en la edición de papel del periódico La vanguardia a instancias del Ministerio de Trabajo de España.
El problema surgió cuando, años después, el periódico digitalizó su hemeroteca y al buscar el nombre y apellidos de Mario Costeja, aparecía el viejo asunto del embargo por un impago de una antigua tienda que llevaba con su esposa.
Aunque Mario Costeja había pagado su deuda, incluso se había divorciado hacía años, en los resultados de la búsqueda seguía siendo un deudor y casado.
A partir de aquí y con sentencia publicada el 13 de mayo de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que los motores de búsqueda son los responsables del manejo de los datos personales de sus usuarios y tienen la obligación de respetar el derecho al olvido.
Desde este momento, Google puso a disposición de cualquier persona medios para ejercer su derecho al olvido mediante un formulario web y lo ha incluido en los términos y condiciones de su servicio.
Sin embargo, el tema sigue siendo algo controvertido ya que se corre el riesgo de que el derecho a la privacidad de la gente también pueda convertirse en censura pura y dura.
Como en el caso de Mario Costeja, uno puede estar de acuerdo en que una persona puede haber cometido un error, enmendarlo y empezar de nuevo. Pero también tenemos el ejemplo de lo evidenciado por la BBC recientemente donde apuntaba que más de la mitad de las solicitudes enviadas a Google en el reino Unido eran de personas que se habían visto envueltas en actos criminales y habían estado en prisión por lo mismo. Aquí podíamos incluir a gente que tuvo un error desafortunado en su vida y que pagó por el pero también podíamos estar hablando de criminales habituales con un historial peligroso que pueden pedir el derecho al olvido.
La cosa es complicada ya que el tribunal no proporcionó suficiente instrucción sobre cómo se debe aplicar el derecho a ser olvidado, los requisitos que debe cumplir, por ejemplo, una noticia o dato de hechos veraces para convertirse en algo obsoleto.
Esto también abre un nuevo mercado comercial. Sitios como Forget.me, agencia que ofrece el servicio de ayuda para llenar los formularios solicitando eliminación de enlaces de Google, o Bórrame.es que ofrece lo mismo pero en español. Está claro de que hay mercado para esto. Lo interesante sería conocer el tipo de cliente que atraerá este servicio.
Particularmente, estoy totalmente de acuerdo con que se pueda ejercer este derecho al olvido. Quizá, sería saludable el marcar más definidamente las pautas para hacerlo e impedir que nuestra libertad sea convertida en libertinaje.
No sería la primera vez que ocurriera.